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Sobresueldos

Causa iniciada en abril de 2004

Juzgado: la causa fue instruida por el Juzgado Nº 8 en lo Criminal y Correccional Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi (ver perfil del juez en Justiciapedia). El juicio oral fue tramitado en el Tribunal Oral Federal Nº 4 integrado por Pablo Daniel Bertuzzi, Patricia Mallo y Néstor Costabel.

Fiscalía: durante la instrucción, la causa estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita (ver perfil del fiscal en Justiciapedia). Durante el juicio oral, estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Baigún (ver perfil de la fiscal en Justiciapedia)

Descripción de los hechos:

La causa inició tras una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans en la que éste hacía saber que el Sr. Wilfen Roberto Martínez Medina había explicado durante el juicio oral seguido a María Julia Alsogaray por el delito de enriquecimiento ilícito cómo era el manejo de “pagos en negro” que recibían las más altas instancias del Poder Ejecutivo Nacional durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem.

 

Estado de la causa:
  • El 3/6/2009 el juez Martinez de Giorgi resolvió procesar por el delito de peculado al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de economía Domingo Cavallo. En el caso de Menem, el magistrado ordenó trabar un embargo que alcanza los 100 millones de pesos, y en el caso de Cavallo, de 10 millones de pesos.
    El juez también procesó a la ex secretaria de medio ambiente María Julia Alsogaray y al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, con embargos de 5 y 10 millones de pesos respectivamente.
  • El 24/11/2009 la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de apelación interpuesto por la defensa de Ménem y confirmó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al frente de la instrucción de la causa.
  • El 11/3/2010 la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decidió, por mayoría, rechazar el recurso de casación presentado por la defensa de la ex funcionaria María Julia Alsogaray, quien había solicitado una excepción por falta de acción en la causa por sobresueldos que la tiene procesada junto a Carlos Menem, Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo.
  • El 29/4/2010 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por el ex presidente Carlos Menem y otros ex funcionarios, contra el fallo que dispuso sus procesamientos sin prisión preventiva.
  • El 13/5/2010 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de apelación presentado por el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo contra el fallo que había rechazado un planteo de prescripción, y confirmó la continuación de la investigación.
  • El 23/5/2010 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó un fallo que había rechazado un planteo de prescripción de parte de Santiago Lozano, uno de los imputados del delito de peculado.
  • El 6/7/2010 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de casación presentado por el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo contra el fallo que había desestimado la apelación a un planteo de prescripción.
  • El 13/7/2010 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de apelación presentado por Enrique Kaplan contra el fallo que había dispuesto la ampliación de su procesamiento en la causa por el pago de “sobresueldos”.
  • El 23/7/2010 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal declaró inadmisibles los recursos de casación e inconstitucionalidad que había presentado la defensa de Santiago Lozano contra la resolución que había desestimado un planteo de prescripción.
  • El 28/8/2010 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un planteo de prescripción presentado por Enrique Kaplan.
  • El 7/12/2010 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el rechazó a un planteo de nulidad presentando por la defensa de José Alberto Torzillo.
  • El 17/2/2011 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Raúl Castellini contra el fallo del mismo tribunal que había rechazado un planteo de nulidad de los requerimientos de elevación a juicio.
  • El 17/5/2011 el juez Martínez de Giorgi dispuso la elevación a juicio oral de los imputados Carlos Menem, Domingo Cavallo, María Julia Alsogaray, Raúl Granillo Ocampo, Oscar Camilión, José Domingo Coronel, Raúl Alberto Castellini, Heriberto Jorge José Gerardo Baeza González, José Alberto Torzillo y Enrique Kaplan, por el delito de peculado.
  • El 30/5/2011 se designó mediante sorteo al Tribunal Oral Federal Nº 4 de la Capital para encabezar el juicio oral.
  • El 21/5/2014 el TOF Nº 4 fijó como fecha de inicio de audiencias del juicio oral el 2/3/2015.
  • El 2/3/2015 comenzó el juicio oral.
  • El 1/12/2015 Tribunal Oral Federal Nº 4 condenó a Carlos Ménem, Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo por el delito de peculado. El tribunal impuso la pena de 4 años y 6 meses para Menem, de 3 años y 6 meses para Cavallo y de 3 años y 3 meses para Granillo Ocampo.
    En la misma sentencia, el tribunal absolvió a la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, y a los exfuncionarios Raúl Castellini, Heriberto Baeza González, José Torzillo, Enrique Kaplan y José Coronel. El 2/3/2016 se difundieron los fundamentos de la sentencia.

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Información sobre transparencia

En esta sección evaluamos la calidad del acceso a la información que el Poder Judicial ha otorgado a ACIJ (en su caracter de organización no gubernamental dedicada a la lucha contra la corrupción). Hay tribunales que son amplios en cuanto a este acceso y lo hacen a través de la aceptación formal en el expediente y la información que se nos otorga en la mesa de entradas. Otros, lamentablemente, son muy restrictivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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En la causa en la que se investiga la presunta defraudación al Estado en la privatización de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) resta practicarse una pericia naval, pero la misma aún no se inició. La causa se encuentra radicada en el Tribunal Oral Federal Nro. 5, donde se está llevando a cabo la instrucción suplementaria.

Recordemos que se trata de una causa iniciada en el año 1999, es decir, hace 16 años, y por la que ACIJ denunció al Juez Claudio Bonadío ante el Consejo de la Magistratura por haber demorado injustificadamente, la elevación al tribunal oral.

En la causa, en la que Tandanor (ahora estatizada) y el Estado Nacional son querellantes, se está desarrollando una pericia contable a cargo del cuerpo de peritos de la Corte, pero resta aún una pericia naval.

 Además, en el Tribunal Oral se encuentra en trámite una acción civil en la que se reclaman los fondos que el Estado dejó de percibir.

Con la pericia contable en trámite y la pericia naval que falta practicar, la causa quedaría lista para el juicio oral. Así, luego de 17 o 18 años de investigación se llegaría al juicio oral.  Por ahora la causa, con 16 años en trámite, ya tiene edad para votar.

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En agosto del año 2015 el Tribunal Oral Federal Nro. 4, condenó al ex titular de la casa de la moneda, Armando Gostanian, a cinco años de prisión por negociar y comprar con sobreprecios equipos técnicos a la empresa alemana “Atlantic Zeiser”. En el marco del juicio oral también se condenó al ex vicepresidente de la Casa de la Moneda, Juan Carlos Kalfaianm, y al ex gerente general Rubén Chorbadjian, así como al representante de la empresa alemana en el país, Jorge Molina.

Ahora, los condenados habrían presentado recursos de casación pero aún no se sabe que Sala entenderá en los mismos. Al no estar firme la sentencia, aún no hay detenidos en la causa.

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En la causa donde se investigan presuntas irregularidades cometidas por Directivos de FONCAP S.A. en el período 1997/2003 -vinculadas a la gestión, control y contrataciones efectuadas por la sociedad- puestas de manifiesto en tres informes de la SIGEN, aún resta notificar a 18 de los 26 imputados.

La causa es del año 2004 y en ella se encuentra imputado el jefe de gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta. El juez a cargo de la causa ya lo sobreseyó en dos oportunidades, pero la Cámara revocó las dos veces el sobreseimiento y ordenó seguir investigando.

Por ahora, todo sigue muy lento. A la causa del jefe de gobierno, aún no le llegó el metrobús.

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Si conoces retrasos groseros, participá

Necesitamos obtener información sobre las causas que sufran retrasos manifiestos y arbitrarios. Para que la base esté cada vez más completa y actualizada, necesitamos que más personas involucradas a los expedientes se involucren. Pueden ser, por ejemplo, periodistas, miembros de otras ONGs, personas relacionadas al juzgado, a la fiscalía, a la Cámara, a la Oficina Anticorrupción. Quienes no tienen problema en revelar su identidad, pueden hacerlo. Quienes no lo puedan hacer, pueden dejar en blanco esa información. Obviamente, chequearemos la información que se brinda a fin de asegurar su veracidad.

Se garantiza absoluta confidencialidad.

Si conoces detalles sobre causas, participá

Para que la base esté cada vez más completa y actualizada, necesitamos que más personas involucradas a los expedientes se involucren. Pueden ser, por ejemplo, periodistas, miembros de otras ONGs, personas relacionadas al juzgado, a la fiscalía, a la Cámara, a la Oficina Anticorrupción. Quienes no tienen problema en revelar su identidad, pueden hacerlo. Quienes no lo puedan hacer, pueden dejar en blanco esa información. Obviamente, chequearemos la información que se brinda a fin de asegurar su veracidad.

Se garantiza absoluta confidencialidad.

 

Hay muchas formas de participar de esta iniciativa. Si estás interesado, contactanos. También contactanos para darnos información que no esté incluida y para avisar de errores de la base u otra cuestión relevante.

ACIJ
Av. de Mayo 1161 5to. 9
Teléfono: (011)4381-2371
info@acij.org.ar 

 

Los que conocen los edificios de los tribunales de justicia de la capital argentina saben que el emblemático edificio de la zona portuaria, ubicado a la altura 2002 de Comodoro Py, es muy distinto a los demás.
Hay luz, espacio, y está en buenas condiciones edilicias. La gente se conoce entre sí, no hay fila en los juzgados, y el trato a los abogados es personalizado. Cada vez que se camina por esos amplios pasillos se nos presenta la sensación que así deberían ser todos los tribunales.

Sin embargo, la contracara de esas buenas impresiones es que se trata de un lugar clave para la generación de desigualdad y pobreza, y que es especialmente relevante para los negocios oscuros que se producen afuera de las paredes de Py. Es en ese edificio donde se cocina la impunidad que necesita el poder para beneficiarse indebidamente sin ser sancionado, ni tener que pagar costos por sus actos ilícitos.

Las bajas tasas de persecución de los crímenes económicos son consecuencia de lo que ocurre al interior de esta mole arquitectónica construida en 1952 y que antes albergaba a la Dirección Nacional de Vialidad, aunque luego las privatizaciones de la década del ’90 lo dejaron demasiado grande para esas funciones. Las paradojas del destino: ese edificio que tenía por objetivo ser parte de una Ciudad Judicial, ideada por Menem y Barra, es el que aún decide que las investigaciones de corrupción avancen a paso de hombre, incluidas las que involucran a ese ex presidente.
Aquí suele verse a los abogados –en su mayoría varones, desde ya– conversando animadamente con jueces o funcionarios que deben decidir en las causas. Al verlo, recordamos a aquel juez que comentaba que un estudio grande de abogados organizaba partidos de fútbol con empleados judiciales. Es que la regla de la Corte que prohíbe el “alegato de oreja” no ha llegado a Py.

Son muchas las reglas que no llegan a este lugar. Aquí no rige la obligatoriedad de que todas las audiencias de la Cámara sean orales y filmadas, ni se va a implementar el Código de procedimientos nuevo que quita poder a los jueces federales, y los plazos máximos para las investigaciones son letra muerta. El principio constitucional de igualdad ante la ley es algo decorativo en Py: hay casos que avanzan y otros no, y cuando preguntamos por qué, recibimos miradas de condena hacia nuestra ingenuidad y nos explican que los pasillos de la justicia federal suenan al son de los vientos políticos.

Pero no podemos generalizar, y debemos decir también que hay excepciones. Hay gente que trabaja allí que es muy capaz, honesta y bien intencionada. Gente que cree que el Poder Judicial debe ocupar un rol clave en la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, no son mayoría, y no son quienes concentran el poder dentro del edificio.

A estas personas comprometidas queremos llegar a través esta iniciativa. A todos los que están convencidos de que el Poder Judicial puede estar al servicio de la comunidad, que la política no puede decidir los avances y retrocesos de los casos penales, y que la igualdad ante la ley es la base de la actividad judicial. A ellos les decimos que no están solos y que afuera hay quienes están dispuestos a respaldar su trabajo. Para eso, hace falta aumentar la comunicación, porque solos no van a poder, y este portal es un aporte en ese sentido.

Hay otros que también modifican el paisaje de Comodoro Py: las víctimas. Esas personas de carne y hueso que aparecen como consecuencia de las tragedias provocadas por los negocios de funcionarios y empresarios. La corrupción tiende a invisibilizar a sus víctimas, pero en estos casos los daños son demasiado evidentes, como nos mostró la tragedia de Once o la de LAPA.

El clima cambia en el edificio cuando las víctimas están allí. Algunos advierten que detrás de los papeles hay caras, y que los vicios de la “real politik” traen aparejado el sufrimiento que esas caras ilustran. Por un breve momento, la elegancia de los pasillos de Py deja lugar a la congoja y la impotencia. Cuando una tragedia vinculada a la corrupción enluta a la sociedad y, en particular, a sus familiares y amigos, ocurre algo particular en el edificio. Por fin, los jueces tienen que escuchar a los que están del otro lado del mostrador y que no son abogados de estudios jurídicos muy caros. Los jueces tienen que dar explicaciones y rendir cuentas sobre sus actos, y eso, claro, puede modificar la historia. El caso de Once es la prueba más evidente.

Este observatorio busca iluminar lo que ocurre en Comodoro Py. Pretende llevar luz a un ámbito de mucha oscuridad y secretismo, mostrando lo que pasa con los casos de corrupción que inician una y otra vez, pero que terminan durmiendo en las estanterías.

Buscamos fortalecer la rendición de cuentas, y que la ciudadanía pueda saber qué es lo que pasa en este extraño edificio con los casos de corrupción que son de interés de todos los miembros de esta sociedad. Necesitamos más luz allí para que la impunidad no nos inunde. Tarea difícil, titánica, quijotesca, pero no imposible si somos varios los comprometidos en llevarla adelante.

Para profundizar el conocimiento de las etapas del proceso: debajo una explicación de cada etapa y las actividades principales que se llevan adelante en cada etapa.

El Congreso ha sancionado una modificación al Código Procesal pero no hay acuerdo para implementarlo pronto en el fuero federal donde tramitan las causas de corrupción.

Pero además, en este tipo de casos ocurre que la balanza de la justicia no tiene peso en uno de sus balancines. En los casos de corrupción se diluyen las víctimas, lo cual se traduce en la ausencia de demandas firmes de persecución y sanción de la corrupción, lo cual contribuye a la inactividad de un poder judicial que se muestra dependiente y mayoritariamente complaciente con el poder.
Si no asumimos que todos somos víctimas de estos delitos (y las poblaciones más desfavorecidas lo son aún más) y luchamos contra la impunidad, es muy probable que se todo siga como ahora. Esta es una plataforma que intenta cambiar el status quo, y para eso nos proponemos:

  • Que como ciudadanos monitoreemos la actividad de los jueces, y que éstos sepan que de este lado de la balanza hay alguien que los controla;
  • Difundir información sobre el estado de los procesos judiciales por corrupción.
  • Facilitar fuentes sobre los casos de corrupción a los periodistas que no tienen acceso a Comodoro Py.
  • Abrir un espacio de denuncia, en el que cualquier persona con información sobre lo que sucede en investigaciones de corrupción nos la haga saber.
  • Generar una instancia para que quienes trabajen en el Poder Judicial puedan denunciar irregularidades de manera confidencial.

Cuanto más se utilice el Observatorio de Causas de Corrupción mayor será el control ciudadano sobre el Poder Judicial, y mayor la presión para que los fiscales y los jueces cumplan con su deber de investigar y sancionar la corrupción. Hacemos nuestro aporte para que la impunidad de la corrupción deje de ser la regla.
En la plataforma podrán encontrar casos emblemáticos de corrupción que han sido marcados por el paso del tiempo y el silencio. Desde ACIJ hacemos nuestra contribución para cambiar esa marca por la del control ciudadano, la rendición de cuentas por parte de los jueces, y el compromiso de las agencias judiciales en la lucha contra la corrupción.

El 13 de octubre de 2015 el Juez Julián Ercolini condenó a Ricardo Jaime a un año y medio de prisión por haber recibido dádivas en 19 oportunidades, por parte de empresas y empresarios del sector del transporte a los que debía controlar.

La condena tuvo lugar luego de que Jaime firmara un juicio abreviado en el que reconocía su culpabilidad, y donde se comprometía además a devolver 2 millones de pesos.

En el fallo se detalla que empresarios del sector transporte, como Sergio Cirigliano, le abonaron viajes a Brasil para que el ex Secretario de Transporte viajara fines de semana junto a familiares. Asimismo se describe que otros empresarios, como Néstor Otero -quien tiene la concesión de la terminal de ómnibus de retiro- le abonaban el alquiler del departamento en el que vivía.

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